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Breve paseo por las cloacas del Ministerio del Interior de España

Los mercenarios de la OAS

Además de fascistas italianos, la transición española también llenó las cloacas oficiales de mercenarios de la OAS (Organisation de l’Armée Secrète, Organización del Ejército Secreto), un grupo paramilitar que desde 1960 luchó contra la independencia de Argelia.

Hasta hace muy poco tiempo, en España jamás se había publicado una investigación sobre la OAS, a pesar de que se trata de un grupo terrorista creado el 10 de febrero de 1961 en el piso 12 de las Torres de Madrid, en el hotel Princesa de la Plaza de España de la capital. Para preparar la reunión el general Raoul Salan visitó al primer secretario de la embajada española en París el 13 de octubre de 1960, quien le aseguró un apoyo total del franquismo. El 31 de octubre Salan se trasladó a España y se entrevistó con el nazi y antiguo ministro franquista Serrano Suñer en Madrid el 7 de noviembre.

La OAS siempre tuvo su base de operaciones en España. Al fracasar su proyecto, muchos de sus miembros se refugiaron en el sur de Francia, donde luego apoyaron al Frente Nacional de Le Pen. Otros pasaron a instalarse en España.

Además de Serrano Súñer, otro contacto de Salan en España fue Narciso Perales, un falangista contrario a la creación del Movimiento. Fundó los Círculos José Antonio que luego dieron lugar al Frente de la Juventud. Las armas de la OAS procedían de Argelia y se transportaban en patera hasta los puertos españoles de Málaga y Alicante, desde donde se llevaban a la frontera francesa en vehículos escoltados por el espionaje español. Del cruce se encargaba Miguel Gomez-Benet, un jefe falangista de Mérida, responsable durante la transición del aprovisionamiento de explosivos y del entrenamiento de los grupos fascistas en Lleida, que luego colocaron la bomba en la revista « El Papus ».

España fue un apoyo para la OAS hasta que el gobierno llegó a un acuerdo de intercambio con los franceses, preparado en París por el director de los « Renseignements Généraux » Jules Plettner y el coronel Eduardo Blanco Rodríguez, director General de Seguridad. Para la firma se desplazó a Madrid el ministro francés del Interior el 29 de enero de 1963. España vendió a la OAS y Francia vendió a los exiliados españoles. A partir del acuerdo, Francia inicia una campaña de hostigamiento contra los refugiados españoles, especialmente comunistas (como Grimau) y anarquistas (como Mera). La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias se declara ilegal en Francia y el paso de la frontera se complica. Por su parte, España frenó las actividades de la OAS haciendo que sus mercenarios trabajaran con el espionaje español en la guerra sucia.

Los mercenarios de la OAS tenían experiencia en atentados, secuestros y voladuras. En 1972 el espionaje franquista preparó para ellos la Operación Doble E con el fin de cometer atentados en el País Vasco Francés. A través de ellos, reclutaron a numerosos matones de los bajos fondos en Orán, Argel, Burdeos y Marsella.

De 1971 a 1975 José Antonio Sáenz de Santa María formó parte de la Jefatura de Estado Mayor de la Guardia Civil, por lo que tuvo acceso a los documentos de los servicios de inteligencia que aludían a la Operación Doble E, además de conocer a los mercenarios de la OAS.

En 1983, Sáenz de Santa María fue nombrado Director General de la Guardia Civil, convirtiéndose así en la mano derecha de José Barrionuevo, ministro del Interior y finalmente condenado y encarcelado como uno de los dirigentes de los GAL.

« OAS »

cheridJean-Pierre Cherid

Nació en 1940 en Argel. A los 19 años se alistó como paracaidista en el Ejército colonial francés. Cuando en 1961 el general Raoul Salan organizó el pronunciamiento en Argel contra De Gaulle, abandonó su puesto en el ejército para integrarse en la OAS.

En 1962 fue detenido en Toulouse y condenado a 30 años de cárcel, pero dos años después se fugó de la prisión y estuvo combatiendo como mercenario en Biafra. Luego pasó clandestinamente a España, donde fue reclutado por el Servicio de inteligencia español, empezando su carrera de mercenario en 1976 en los Sucesos de Montejurra, donde participó en el asesinato de dos personas.

En junio de 1979 asesinó a tiros, junto con Moktar Talbil, a Aurelio Fernández Cario y Martín Eizaguirre, dirigentes del PCE(r), mientras comían en un restaurante de París.

Fue detenido en Madrid en 1981 después de un atentado contra la agencia Transalpina, una pantalla que la Internacional Fascista tenía en Madrid. La llevaba Andrea Meiville y en ella trabajaban Mario Ricci (« Carlo Vannoli ») y Cherid. El atentado se produjo por la ruptura de Meiville con los servicios secretos españoles.

Al llegar el PSOE al gobierno en 1982 no cambió la colaboración de Cherid en la guerra sucia, pasando a formar parte de los GAL, la nueva denominación que recibieron las bandas parapoliciales bajo diferentes nombres (Antiterrorismo ETA, Batallón Vasco Español o Alianza Apostólica Anticomunista). La presencia de Cherid en los GAL fue determinante para poder ejecutar, a finales de 1983 y comienzo de 1984, media docena de asesinatos con la cobertura de agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo..

Murió en 1984 en el País Vasco Francés cuando manipulaba unos explosivos que estallaron accidentalmente. Entre sus pertenencias los policías franceses encontraron un documento de la Dirección General de la Guardia Civil, con la foto de Cherid, expedido el 14 de febrero de 1981 y a nombre de Iván González Rodríguez. Cherid era, pues, miembro de los servicios de información de la Guardia Civil.

Además, la gendarmería francesa también encontró un listín de teléfonos donde aparecía el número de un sargento de la Guardia Civil, el del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior y el del capitán de navío Pedro Martínez, alias « El Marino », miembro del servicio de inteligencia naval. Martínez consiguió los explosivos y luego fabricó y colocó el artefacto que en 1978 se utilizó en el asesinato de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala.

En 1996, durante la comisión parlamentaria destinada a desentrañar la guerra sucia, se reveló que la familia de Cherid había solicitado una pensión al Ministerio del Interior español. Álvaro Martínez Sevilla acusó al ministro del Interior José Barrionuevo (juzgado y condenado por su implicación en los crímenes de los GAL) de ordenar que la viuda de Cherid recibiera una pensión vitalicia.

En 2008 a Cherid le involucraron en la desaparición de Moreno Bergaretxe, Pertur, ocurrida en 1976. De acuerdo con el testimonio del italiano Izzo, Cherid dirigía un piso franco en las afueras de Barcelona que los paramilitares usaron para secuestrar, torturar y asesinar a las personas señaladas por el espionaje español, entre ellas Pertur.Familiares de un miembro de los GAL reclaman una indemnización al Estado

http://elpais.com/diario/1984/06/22/espana/456703201_850215.html

La solicitud de la familia la hacen por medio del conocido policía José Antonio González Pacheco, « Billy El Niño ». Según sus familiares, Cherid colaboraba con la policía española desde 1978, habiendo dirigido comandos compuestos por antiguos miembros de la OAS y personas del hampa de Burdeos y Marsella.

Jean-Pierre Labade

Era un mercenario argelino que fue detenido el 15 de junio de 1984 en Biarritz, pocas horas después de la explosión de una bomba que mató al refugiado Pérez Revilla. También participó en el asesinato de Javier Pérez de Arenaza, cuñado de Txomin Iturbe, muerto el 23 de marzo de 1984 en Biarritz.

Fue detenido el 3 de noviembre de 1999 en el puesto fronterizo de Salvatierra do Miño (Pontevedra) cuanto intentaba entrar en España. Había cumplido en Portugal una condena de nueve años por reclutar a los mercenarios portugueses que fueron sentenciados como autores de los atentados en los bares Batxoki y La Consolation.

fg-vera-barrionuevoRafael Vera, Felipe González y José Barrionuevo

En su declaración Labade dijo que fueron altos cargos del Ministerior del Interior españoles quienes lo contrataron y pagaron con dinero de los fondos reservados para acabar con la vida de Pérez Revilla.

dominguezalmedoTambién dijo que sus jefes eran los policías españoles José Amedo, Michel Domínguez, (a la derecha) Miguel Planchuelo y Francisco Álvarez. Alvarez era el jefe del Gabinete de Información del Ministerio del Interior, Planchuelo estaba destinado en Bilbao como jefe superior de Policía y Amedo y Domínguez eran los responsables de la contratación de mercenarios en el sur de Francia y Portugal. Durante una reunión en el hotel Villamagna, de Madrid, en mayo de 1984, Álvarez, que acudió a ella acompañado de Planchuelo, entregaron a Labade 5.000 francos franceses procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior español.

Fue condenado a cadena perpetua en Francia. Domínguez reconoció que en una ocasión trasladó a Labade desde Andorra a Portugal, a pesar de que sabía oído que estaba reclamado en Francia, porque así se lo ordenaron sus superiores.

Su esposa, Jeannette Casiede, reveló a la policía francesa las actividades secretas de su marido. La policía española le había encargado viajar a Portugal y asesinara al intermediario francés. Labade había huido de Francia y se había refugiado en la población lusa de Vilaplaya de Arco. Temían que Labade acusara al Gobierno español si era detenido y extraditado a territorio galo. El subcomisario engañó a sus superiores diciéndoles que Labade había desaparecido.
Pegatina Eizagirre y Cario, asesinados por el BVE.

Jean Pierre Echalier

Desertor de la Legión Extranjera, contratado por Amedo para la guerra sucia. En 1985 se presentó con una veintena de cartuchos de dinamita en la gendarmería de San Juan de Luz confesando su pertenencia a los GAL. Fue condenado a un año de prisión mayor por tenencia de explosivos por un tribunal de Bayona. Dos años después fue vuelto a juzgar y condenado a 13 años de prisión por el secuestro de Marey, a quien entregaron a la policía española en la frontera.

Jean Paul Raguet

Nació en Francia en 1940 y al terminar la guerra argelina de liberación, en 1968, se trasladó a vivir a Puerto de la Cruz (Tenerife), procedente de la isla de La Palma. Colabora con los servicios de información franceses y la policía española.

Nada más instalarse en Puerto de la Cruz, abrió la discoteca Golden Blue, donde solían reunirse los caciques del sector turístico de Tenerife y ante los cuales Raguet alardeaba de su pasado mercenario y sus buenos contactos en los bajos fondos de Marsella.

De Tenerife Raguet viaja frecuentemente al extranjero para evadir capitales, vigilar y chantajear a los capitalistas, realizar cobros de deudas a acreedores morosos y, llegado el caso, actos de intimidación.

Su discoteca era un nido de corrupción frecuentado por prostitutas y drogadictos, y donde se practica la discriminación racial hacia los españoles. Fue cerrada en 1973, 1975 y 1979. Un informe de la Interpol elaborado a instancias del gobernador civil Luis Mardones en 1979 le describía como « un mafioso internacional que, entre otras cosas, se dedicaba al tráfico de divisas y oscuros negocios internacionales ». La policía de Tenerife llegó a implicarle en delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, agresiones, daños, escándalo y amenazas.

La Dirección General de Seguridad ordenó su expulsión del país en 1975 (de la que se libró gracias a la amnistía de 1976), retirándole los permisos de residencia y trabajo. Cuando en junio de 1979 se vio obligado a abandonar España, entabló amistad con el francés Jean Joubard-Monteux, antiguo secretario general de la organización mundial de la prensa diplomática.

En los primeros años ochenta cae en desgracia en el seno de la trama de intereses turísticos de la isla y dilapidó su dinero. Tenía dos coches, uno de ellos un Lamborghini Jarama, y usaba preciadas joyas personales. Pasó de manejar una generosa cuenta corriente a alojarse en una casa ajena y mendigar entre sus allegados para comer.

Como sus padrinos le habían abandonado, para obtener algún dinero se había decidido a destapar un escándalo de tráfico de diamantes que pasaba por Canarias, en el que están envueltos los caciques isleños.

En 1982 ordenan su expulsión de España, de la que se libra por su experiencia en guerra sucia, cuando a principios del año siguiente agentes españoles le ofrecen participar en la creación de los GAL.

La historia de Raguet la publicó Diario 16 en junio de 1984 y dos años más tarde habló con un redactor del mismo periódico para contar sus experiencias en los GAL. Pero desapareció ese mismo día y dos meses después apareció su cadáver en un descampado de Tenerife, con muestras de haber sido torturado.

Los informes de Raguet estuvieron depositados en tres bancos de Tenerife, pero se cree que una parte de ese material comprometedor fue rescatado y dispersado.

Pedro Sánchez

Fue un antiguo cabo de la legión francesa y del desaparecido SAC de origen español contratado por Amedo para las operaciones de guerra sucia. Junto con Mohamed Talbi y Jean Pierre Echalier, resultó condenado a 13 años de prisión por el secuestro de Marey, una acción en la que está involucrada la policía francesa, que le seguía los pasos de cerca y dos días antes le detuvo. Al día siguiente del secuestro le volvieron a detener de nuevo y cuando registraron su vivienda, le encontraron las fichas de 50 refugiados vascos procedentes de la prefectura de policía.

Falleció en agosto de 1987 en la prisión francesa de Grandignan cuando se disponía a desvelar las interioridades de los GAL a unos periodistas. La versión oficial de su muerte fue por causas naturales pero, según Talbi, fue envenenado. La familia también denunció que el médico y un funcionario de prisiones le había envenenado con estrógenos. Se abrió una investigación para encubrir los verdaderos motivos de su muerte.

Gilbert y Clement Perret

Fueron reclutados como soplones de la policía española por el comisario Roberto Conesa. A partir de 1971 se establecieron en Benicasim (Castellón) y allí regentan actualmente una pastelería y el restaurante del aeropuerto deportivo de esta misma localidad. El nombre de los Perret aparece por primera vez vinculado a un caso de guerra sucia contra ETA en el sumario instruido por la Corte de Apelación de Pau (Francia) sobre el asesinato de Justo Elizarán, ocurrido el 13 de septiembre de 1979 en Biarritz.

En la sentencia de Pau, número 101/80, consta que a Maxim Szonek, uno de los mercenarios condenados por el asesinato de Justo Lizarán, se le intervinieron unas anotaciones con un teléfono de Castellón y los apellidos Perret Ortells, que corresponden, el primero, a Gilbert, y el segundo, a su esposa. Uno ingresó en prisión y otro fue expulsado de España por proxenetismo, aunque luego regresó.

Los hermanos Perret fueron dos de los que atravesaron la frontera tras el atentado al bar Hendayais.

El 16 de agosto de 1985 ETA ejecutó en Benicasim a Clement Perret en la pizzería que regentaba junto a su hermano Gilbert.

Joseph Zurita

Aunque tenía nacionalidad francesa, nació en Marruecos en 1934 y se dedicaba al tráfico de drogas. En 1978 participó en el atentado que costó la vida a Agurtzane Arregi, que recibió once impactos de bala, y heridas graves a Juan José Etxabe al recibir seis disparos. En el atentado, que fue reivindicado por la Triple A, participaron dos vehículos y, entre los autores, había una mujer rubia que había comido el mismo día en el restaurante de Etxabe.

Tres días después de atentado la policía francesa detuvo a Jeanine Pueyo, pareja de Zurita, cuando transportaba un alijo de drogas. Durante su detención declaró que el autor del asesinato había sido Zurita. Pueyo había vivido en la Costa del Sol, donde contrajo matrimonio con un policía español, del que se separó posteriormente.

Dos años después, en agosto de 1980, durante una redada antidroga, la policía francesa detuvo por casualidad a Zurita cerca de la frontera suiza, ya que vivía habitualmente en Ginebra. En octubre quedó en libertad provisional sin fianza. Poco después, el 6 de noviembre, mataron a Pueyo en un descampado de los alrededores de Tarbes (Francia). Al día siguiente apuñalaron a su amiga Liliane Satin en su apartamento de Torremolinos. Satin se había hecho cargo en aquella localidad de un club nocturno regentado anteriormente por Pueyo.

Patrick, el hijo de Zurita, también fue acribillado a balazos en el Centro Comercial El Zoco de Mijas Costa, el 29 de junio de 1999. Todo indicaba que se debía a un ajuste de cuentas entre mafiosos relacionados con la guerra sucia. Su asesino, un magrebí llamado Rachid Bouaziz, fue asesinado después por dos sicarios. Le metieron siete balas en su cuerpo, una de ellas la del tiro de gracia.

Guy Metge

Era un policía francés de la PAF (Policía de Aire y Fronteras) que trabajó para la policía española en los crímenes del Batallón Vasco Español. Era el socio de Amedo al otro lado de la frontera. Tras la creación de los GAL le contactó con los mercenarios Pedro Sánchez y Mohamed Talbi. Durante años facilitó a Amedo a cambio de dinero de los fondos reservados fotos e información sobre los antifascistas refugiados en Francia.

Metge inventó para los GAL un nuevo modo de secuestro. Consistía en que los policías franceses detenían a los refugiados en la calle, luego serían secuestrados, drogados y entregados a la policía española en los puestos fronterizos. En su declaración ante los jueces el policía español Angel Lopez Carrillo contó que Lasa y Zabala habían sido secuestrados por el procedimiento inventado por Metge. Por dos millones de francos, junto con otros dos policías franceses no identificados, Metge organizó también el secuestro de Txomin Iturbe, Antxon Etxebeste y Lasa Mitxelena, que no se llevó a cabo.

A finales de 1983 preparó el secuestró de Segundo Marey, a quien entregaron a la Policía española en la frontera de Dancharinea, en Navarra.

Cuando en 1985 el comisario exigió dinero a cambio de silencio, padeció otro « accidente » y murió al volante de su coche, en una carretera completamente recta, después de una comida con sus colegas de la PAF.

Carlos Gaston

De origen francés, mantenía una buena relación personal con el antiguo comisario de Estepona Ricardo Ruiz Coll, que fue jefe en Bilbao de los policías Amedo y Domínguez, los peones operativos de los GAL. Desde 1977 Gaston vivía en en Estepona (Málaga) en una mansión rodeado de fuertes medidas de seguridad.

Su cuñado era Eduardo Mari Chica, « Doudou El Grande » », un español nacido en Mequínez (Marruecos) que también trasladó su residencia a Málaga en 1977. Ambos dirigían el denominado « clan de Burdeos » con Alain David (Omar Abdel) Benhamou, « El Chacal ». Otros miembros del mismo clan son históricos mercenarios en la guerra sucia, como Didier Bojon « Doudou El Pequeño », Maxim Szonek, Mohamed Khiar, Jacques Debesa, Jean Claude Ruiz y Marc Obadía.

Gaston estaba buscado en Francia por el asesinato de Agurtzane Arregi y su esposo, cometido en 1978. También dirigió la contratación de uno de los grupos de mercenarios que asesinaron al periodista Javier Galdeano. Guy Cantavenera, condenado por este asesinato, se trasladó a Málaga el 5 de abril de 1985, donde recibió de Mari Chica y Gaston el dinero para pagar a los mercenarios que ejecutaron el asesinato.

Gaston tenía varios negocios en la Costa del Sol: inmobiliarias, discotecas, saunas y un concesionario de automóviles de lujo. A pesar de estar reclamado por Francia, nunca recibió ninguna molestia de las autoridades españolas, hasta que pareció muerto el 30 de noviembre de 1995, por playboy-marbelleahogamiento, en su residencia de Estepona. La autopsia aclaró que la muerte se debía a un edema pulmonar.Hasta su muerte, Gastón era propietario, junto a los dos últimos, de los clubes de alterne « My Lady Palace » y « Play Boy » de Marbella, así como de otros locales similares en Torremolinos y Benalmádena. También regentaba un restaurante en la Plaza del Socorro de Ronda.

El heredero del imperio de Gastón es el « Chacal », quien pasa largas temporadas en Israel desde que en 2004 sufriera un brutal atentado en el andaluziaplazahotel H10 Andalucía Plaza de Marbella. Consiguió escapar ileso, pero el tiroteo se cobró la vida de dos víctimas inocentes: el niño sevillano de 7 años José Manuel Contreras, y el peluquero italiano Cossimo Pizzi, de 36 años.

Otro miembro de la mafia bordelesa, Didier Bojon, « Doudou El Pequeño », también vivió en la Costa del Sol, a pesar de estar buscado por la policía francesa, acusado del asesinato de Agurtzane Arregi. En los informes policiales aparece relacionado con estafas y el asesinato de un español en la Costa del Sol. Fue detenido por última vez en Marbella.

Jean Gilbert Para

Era el hombre de confianza de Carlos Gastón. Fue ya detenido en España en 1972 por tenencia de armas, municiones y explosivos y tráfico ilegal de drogas. Dos años más tarde, en 1974, fue detenido de nuevo por narcotráfico y, en 1984, para su extradición a Francia.

Desapareció el 11 de mayo de 2002 y se encontró su vehículo en un carril de Ronda (Málaga) con varios impactos de bala. Todo parece indicar que era un secuestro, pero nunca se recibió una petición de rescate, por lo que la policía lo relaciona con un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales de franceses de origen argelino que operan en la Costa del Sol.

Lo mismo que su jefe, Para era un histórico de la guerra sucia que se había retirado en Marbella, pero que conservaba secretos inconfesables, un testigo de las cloacas del Estado.

Para también era socio de Gaston y Paul Antoine Leon Clemente en el « Club Play Boy » de Marbella. Aunque de origen franco argelino, Clemente había nacido en Bayona, se dedicaba al tráfico de drogas y en la operación Ballena Blanca fue acusado de lavar dinero negro en la Costa del Sol.

Era el intermediario de los GAL en Andorra que, por encargo de Amedo, vendió información sobre refugiados políticos y reclutó a mercenarios, entre ellos a Patrick Pironneau, que se reunió con Amedo y Domínguez poco después. Estos le entregaron 5.000 dólares como anticipo.

Luego le presentaron a Pironneau a la Dama Negra de los GAL como una mercenaria a sueldo. Se llamaba Dominique Thomas, una francesa de origen vietnamita afincada en Andorra.

Hitier fue detenido en Bélgica en 1988 y extraditado a Francia, donde comenzó a tirar de la manta cuando fue interrogado por la policía gala. Dijo que había sido contratado por el gobierno español para dar cobertura a los GAL. Meses después falleció en Andorra de un disparo de escopeta, en lo que quisieron presentar como un « accidente ».

Gérard Manzanal

Había nacido en Garbajosa de Alba, cerca de Salamanca. En 1967 se enroló en la Legión Extranjera Francesa, donde alcanzó el grado de teniente y fue condecorado con la Medalla de Ultramar y de la Defensa Nacional del ejército francés

El 16 de junio de 1984, poco antes del asesinato de Pérez Revilla, cuando Manzanal era jefe de la oficina de reclutamiento de la Legión Extranjera en Bayona, Metge le presentó a Amedo en una fiesta anual que celebraban policías y militares franceses en Bayona. En aquella fiesta Manzanal le presentó a su vez a otro policía, Jacques Castets, y a otro legionario, Pedro Sánchez.

En una reunión posterior, en la que participó Domínguez, le pidieron su colaboración identificándose como miembros de los GAL. Además, Amedo y Domínguez le pidieron información sobre refugiados políticos, ofreciéndole a cambio dos millones de pesetas por cada refugiado asesinado.

En 1987 fue detenido por la policía judicial de Bayona pero fue inmediatamente puesto en libertad. Luego apareció implicado en el asunto Florence Rey – Audry Maupin, un tiroteo que produjo cuatro muertos en París en 1994. abdelhakim-dekhar-dans-les-annees-1990

Según declaró entonces Abdelhakim Dekhar, la masacre fue organizada por Manzanal, a quien conoció en Beirut, donde le presentó a unos oficiales de la seguridad militar argelina. Según Dekhar, Manzanal había sido miembro del desaparecido SAC.

Georges Mendaille

Es un militar que durante 20 años luchó en Indochina y Argelia. Tenía importantes contactos en los bajos fondos de Marsella. Desde 1978 vivía en la Costa Brava como confidente de la guardia civil. En 1986 Francia pidió la extradición a España acusado de dos asesinatos de los GAL, pero la policía española dijo que no le podía localizar. Sin embargo, unos periodistas españoles sí pudieron y publicaron un reportaje en el que le mostraban paseando por un pueblo de la Costa Brava.

Fue detenido en 1989, pero le pusieron en libertad al año siguiente. Fue de nuevo detenido y extraditado en 1994, condenado en Pau por los dos asesinatos. Desde la cárcel dijo que había actuado en los GAL como agente infiltrado de la DST. En realidad, se refería a los « Renseignements Généraux ».

Jacinto Ángel Guerrero Lucas, ex anarquista, alto grado de la masonería francesa, espía  del Ministerio del Interior en la etapa socialista, era el encargado por el entonces secretario de Estado, Rafael Vera, de ralentizar y controlar los asuntos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en Francia.

Para llevar a cabo ese cometido, Guerrero Lucas repartió prebendas entre policías galos y obsequió con viajes y atenciones a los jueces y altos cargos franceses. Todos esos gastos fueron financiados por Interior.

El ex anarquista y masón Guerrero Lucas fue guardando copia de toda la correspondencia personal y oficial que mantuvo entre 1989 y 2004 con todos sus interlocutores: Ministerio del Interior, Presidencia del Gobierno y representantes del PSOE.
Guerrero Lucas comenzó a colaborar con Interior en 1983, tras la primera acción oficial de los GAL: el secuestro y la posterior desaparición de José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano.

FUENTE: https://tellagorri.blogspot.fr/2011/04/interior-compro-en-francia-jueces-y.html

Fuente:

https://amnistiapresos.blogspot.fr/2014/04/todo-atado-y-bien-atado-los-mercenarios.html?m=1

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felipe-gonzalez-y-el-reyFelipe González jura su cargo ante el Rey Juan Carlos

La situation politique

Malgré la mise au point de Felipe Gonzalez qui estime que les statistiques du chômage «ne reflètent pas la situation réelle», l’année sociale débute sous de sombres auspices. Les créations d’emplois ne compensent pas les suppressions de postes que la restructuration opère dans de nombreux secteurs de l’économie. Le cap des trois millions de chômeurs est à présent officiellement dépassé. Manifestations et grèves dures se multiplient dans les régions particulièrement touchées par les suppressions d’emplois ou le manque de structures industrielles (Galice, Pays basque, etc.). De violents affrontements opposent les brigades anti-émeutes et les ouvriers dans les entreprises des secteurs miniers, métallurgiques, sidérurgiques et les chantiers de construction navale. Au pays Basque, la décision de fermer ceux de Bilbao provoque de véritables combats de rues.

Dans certains conflits, comme celui d’Aluminia-Aluminio, le pouvoir va jusqu’à sanctionner les syndicalistes, au point que l’association Juges pour la Démocratie (JPD), s’alarme d’une restriction possible du droit de grève. Une crise éclate au sein de la Fédération nationale UGT-métal, notamment en Catalogne où se déroulent deux congrès parallèles. Si l’on ajoute à ces conflits ouverts, ceux qui perturbent de façon intermittente le monde rural (occupations de terres en Andalousie, grogne des producteurs contre les accords hispano-marocains) et les ports de pêche du littoral espagnol, on comprend comment le pays s’est solidarisé le 14 décembre dans une impressionnante grève générale, sans précédent historique.

Ce marasme ne semble pas affecter l’un des secteurs privilégiés du régime : les banques affichent leur prospérité. Banques et Caisses d’Epargne annoncent un 500 milliards de pesetas de bénéfice pour l’exercice 1987. Au cours du premier semestre 1988, ceux de la Gran Banca s’élèvent à 150.000 millions. L’austérité n’affecte pas le monde de la finance. La fusion de Banesto et de Banca Vizcaya fait de ce groupe la première banque d’Espagne (20% du négoce bancaire, 22 % de la clientèle, 7e rang européen pour l’activité boursière). L’Espagne a la CEE en poupe.

1988 : le procès des «seconds couteaux»

Toutefois, ces bilans de prospérité ne distraient pas le gouvernement des graves problèmes qu’il doit affronter au niveau de ses institutions (police et justice) et plus généralement celui de sa respectabilité démocratique. La crise de l’UGT et les dissensions apparues en février, au XIIe congrès du PSOE, traduisent la crise morale qui traverse la base militante du régime. Il faut dire que l’autorité de l’Etat de droit espagnol en entachée d’un certain nombre de manquements graves aux règles démocratiques. Bavures policières, mauvais traitements tortures, disqualifient de plus en plus les forces de sécurité ; au point que la justice, pourtant soupçonnée par les Juges pour la démocratie (JPD) d’être excessivement sensible aux pressions de l’exécutif, réagit par de nombreuses condamnations.

barrionuevoJosé Barrionuevo (ici a la droite de Felipe Conzales) en personne est obligé de désavouer le comportement de la guardia civil dans certaines zones opérationnelles (Pays Basque et Canaries). (manque un passage…) Neuf ans pour le directeur de la prison de Carabanchel, responsable de la mort de l’anarchiste Agustin Rueda, vingt-neuf ans pour les policiers tortionnaires et assassins d’El Nani.

El Nani

Cette sentence met provisoirement un terme à un procès qui a commencé le 13 avril 1988. Les faits que l’on reproche aux trois policiers de la brigade provinciale de la Police judiciaire de Madrid (le commissaire F. J. Fernandez Alvarez et les inspecteurs Gutierrez Lobo et F. Aguilar Gonzalez), ainsi qu’à quatre de leurs collègues qui sont acquittés, remontent au mois de décembre 1983.

Le 12 novembre, un truand, Santiago Corella appelé El Nani, est arrêté avec un ami, Angel Manzano, leurs deux épouses, et tris de ses sœurs. Interrogé au commissariat de la Puerta del Sol à Madrid, il disparaît le lendemain sans que l’on n’ait jamais pu retrouver sa trace. La version officielle de la police est que le gangster (auteur de plusieurs hold-up), a réussi à fausser compagnie aux policiers qu’il emmenait vers une cache d’armes. Ils admettent toutefois l’avoir arrêté pour une attaque à main armée qu’il n’a sans doute pas commise.

D’autres versions localiseront ultérieurement le truand en France et au Mexique et l’interminable instruction ouverte après sa disparition, établira que celles-ci ont été de grossiers montages fabriqués par les fonctionnaires de la brigade de l’Intérieur, avec la complicité de l’un des avocats des policiers incriminés. La version de Manzano et de la famille dément totalement celle de la police. Corella aurait été torturé à mort comme Manzano, dont les lésions dûment vérifiées par une expertise médicale, lui ont valu une hospitalisation. La ténébreuse affaire El Nani commence quelques mois après la victoire électorale du PSOE, lequel ne tarit pas de promesses sur l’avenir de la «jeune démocratie espagnole». Elle va entacher dès le début un Etat de droit qui se targue d’en être le nouveau garant.

A vrai dire, le procès a failli ne pas avoir lieu. Sans la ténacité du juge d’instruction A. Martinez Arrieta, et les révélations d’un bijoutier de Santander en décembre 1985, le ministère de la Justice aurait probablement archivé le dossier de cette affaire qui va permettre de lever le voile sur un énorme scandale institutionnel. En 1986, le juge d’Instruction fera état des pressions  dont il a fait l’objet pour clore, «faute d’éléments suffisants» l’enquête judiciaire. Plus grave, il fournira la photocopie d’un rapport confidentiel (émanant de la brigade d’information du ministère de l’Intérieur et signé par Martinez Torres) qui recommande «la plus grande discrétion, étant donné la qualité du magistrat en question». Détail inquiétant : le rapport est assorti de photographies que l’on a prises à son insu sur les marches du Palais de Justice.

En décembre 1985, le bijoutier F. Venero, recéleur occasionnel de la bande Corella-Manzano, et qui se dit menacé, se présente spontanément à la justice. Ses révélations vont relancer l’enquête in extremis. Selon lui, (et l’instruction confirmera beaucoup de ses dires) El Nani faisait partie d’une association de malfaiteurs comprenant des truands professionnels et des policiers de la brigade judiciaire qui les faisaient chanter. Au nombre de ces policiers corrompus,  «la mafia policière», il accuse formellement Guttierrez Lobo comme étant l’instigateur de l’attaque en janvier 1985, butin 1200 millions de pesetas) et l’un des responsables de la mort de El Nani. F. Venero révèle les confidences qui lui ont été faites sur la mort de Corella et la complicité qu’on lui a proposée pour accréditer la fuite d’El Nani en France.

En septembre 1988 ; le procès, véritable radiographie des institutions étatiques, établit un certain  nombre de faits accablants. Santiago Corella  a été torturé à mort dans les locaux de la police. Des témoins ultérieurs affirment que son cadavre a été enseveli près de Jaen (Andalousie). La torture est une pratique courante dans les commissariats et elle est couverte par la hiérarchie.

Dans le cas de El Nani, et selon quelques-uns des 75 policiers cités dans cette affaire et dans une centaine d’autres, l’application de la loi antiterroriste a été recommandée par des hauts fonctionnaires du  ministère de l’Intérieur. Cette application à des délinquants de droit commun est une dérive grave de la législation. La hiérarchie du ministère de l’Intérieur était au courant des agissements de la «mafia policière» (hold-up, trafic de drogue et d’armes, etc.) et a couvert autant que possible les responsables par peur du scandale.

Les pressions de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire tout au long de l’affaire, mettent en cause l’autorité de l’Etat. Le ministre de de l’Intérieur, José Barrionuevo (cité pour faux témoignage et dont l’Accusation populaire a maintes fois réclamé la démission), n’a jamais comparu ni répondu aux requêtes de la justice. En juillet 1988, le remplacement de José Barrionuevo par José Luis Corcuera à la tête du ministère de l’Intérieur est l’une des conséquences tardives de cette affaire. José Barrionuevo est nommé ministre des Transports et des Communications.

Le réveil de la magistrature progressiste et les pressions de l’opinion nationale et internationale ne sont pas restés inopérants. En 1988, les protestations de masse et celles des organismes de défense des droits de l’homme, ont fait reculer sensiblement l’impunité des policiers employant des méthodes illégales et responsables d’actes de violence. Dans les prisons, la situation reste préoccupante. Le rapport d’Amnesty international rejoint celui du Défenseur du peuple, pour dénoncer la détérioration des conditions carcérales : prisons surpeuplées, isolement, brimades et mauvais traitements, toxicomanie, insalubrité, etc. Les quelques six cent prisonniers  politiques (ETA, GAPO, CAA…), parmi lesquels les Basques ont droit à un statut particulièrement éprouvant se plaignent de nombreux sévices et de tentatives délibérées de dépersonnalisation. Dans plusieurs cas, les mutineries (Almeria, Carabanchel) ou les grèves de la faim ont été les ultimes expédients pour défendre leur dignité bafouée.

En mai, des médecins de la police et des établissements pénitentiaires ont refusé d’examiner les détenus, parce qu’en cas de mauvais traitements ou de tortures, leurs déclarations n’étaient pas prises en compte et même passibles de sanctions. Face à ce délabrement des institutions, le gouvernement a chiffré le coût de modernisation des forces de sécurité et de l’appareil judiciaire : respectivement 200.000 et 153.000 millions de pesetas. Une augmentation de 38% à 39%, étalée sur deux ans, est prévue pour l’amélioration du moral de la magistrature.

D’autres sujets de préoccupation travaillent la société espagnole.

Comparaison faite avec les dépenses militaires, l’enseignement et la santé (l’un des plus bas niveaux de la Communauté européenne) apparaissent comme les parents pauvres de budget espagnol. La grève générale des enseignants qui démarre à la fin du mois de mai sanctionne cette situation de pénurie. Dans le domaine de la santé, le droit à l’avortement, durement pénalisé par une justice en retard de deux régimes (procès de 14 femmes à Valladolid, perquisition dans une clinique à Malaga), mobilisent l’opposition de gauche. Paradoxalement laxiste en matière de répression de la toxicomanie, le gouvernement espagnol est confronté à l’accroissement dramatique du marché de la drogue : saisie record de cocaïne à Madrid, ravages parmi la jeunesse urbaine et rurale (104 morts par overdose d’héroïne dans la seule ville de Barcelone).

En Euskadi, ce fléau social est perçu comme l’une des pratiques inavouables de la «guerre sale». Des secteurs de plus en plus larges de la population dénoncent les complicités directes de la police espagnole dans la diffusion de la «mort blanche». Des campagnes anti-drogue (Udaberri 88) et des organismes comme Askagintza sensibilisent les municipalités  et les invitent à nettoyer les villes et les villages des trafiquants «auxiliaires» du plan ZEN. L’ETA, pour sa part, ne s’embarrasse pas de scrupules humanitaires. En 1988, plusieurs grossistes paient de leur vie le bénéfice qu’ils tiraient de leur commerce mortifère. Un peu partout en Espagne, et surtout dans les prisons où le problème se complique des séquelles du SIDA, la complicité des fonctionnaires est à l’ordre du jour,

Autre institution contestée par une fraction grandissante de la population, l’armée et le service militaire sont sur la sellette. Le taux de mortalité parmi les nouvelles recrues (suicides, accidents, sans compter les pertes dues au service opérationnel), alarment l’opinion. L’objection de conscience et l’insoumission mobilisent contre la « Mili » des milliers de jeunes de plus en plus traumatisés par le «pacification» que le pouvoir mène au Pays Basque et dans les régions gagnées par l’indépendantisme (Catalogne, Andalousie, Galice). La négociation du statut de 23.000 candidats au service civil ouvre une brèche dans l’une des plus rigides traditions militaires d’Europe.

Simultanément, tout au long de cette deuxième année « européenne », les réactions de masse à l’intégration militaire de l’Espagne dans le système de défense atlantique (OTAN, Convention hispano-américaine, UEO) gênent le gouvernement de Felipe Gonzalez. En fait, Felipe Gonzalez et le lobby militaire négocient le modèle de défense espagnol sur trois niveaux. La nouvelle convention passée avec les Etats-Unis aboutit au transfert des F16 de la base de Torrejon en Italie, mais redéfinit avec d’importantes concessions l’alliance stratégique des deux pays. En réponse à l’opposition qui rappelle la clause du référendum sur l’OTAN interdisant l’installation d’armes nucléaires sur le territoire espagnol, le ministre de la Défense Narcis Serra établit un subtil distingo entre «transit» et «escale». En réalité, durant l’année 1988, les ports méditerranéens et les Baléares accueilleront plusieurs bâtiments porteurs d’armement nucléaire.

Au niveau de l’OTAN, la démarche de l’Etat espagnol est encore plus tortueuse. Dès février, le secrétaire général de l’OTAN, Lord Carrington, encourage l’Espagne à «renforcer le pouvoir politique et militaire du système atlantique». Le gouvernement espagnol assure les pays membres de son intervention en cas de force majeure. En avril, la visite du général John Galvin, commandant en chef des forces alliées en Europe, prélude à la réunion des généraux de l’OTAN à Tolède. En juin, pour la première fois de son histoire, l’Organisation atlantique tient ses assises à Madrid. En juillet, c’est au tour des ministères de la Défense français et espagnol de mettre au point les modalités de la participation de l’Espagne à la défense du continent. Le ministre Jean-Pierre Chevènement estime que l’apport espagnol est capital pour le renforcement du système européen. Moyennant la coordination des forces armées espagnoles par le commandement allié de Naples (haut lieu du GIBMED basé à Gibraltar) et la non-subordination des unités portugaises à l’état-major espagnol, l’intégration relative de l’Espagne et sa contribution militaire sont acquises à la fin de l’année.

Pour ce qui est de l’incorporation de l’UEO, les transactions sont plus délicates. L’UEO y met en effet comme condition la nucléarisation de l’Espagne, incompatible avec les engagements de Felipe Gonzalez lors du référendum sur l’OTAN. Durant l’année, les entorses à ces promesses vont déclencher de nombreuses manifestations par l’opposition pacifiste ou les écologistes anti-nucléaires. Ces manifestations (marches, grèves), souvent durement réprimées par les forces de l’ordre, visent aussi bien les bases militaires (Torrejon, Saragosse, Polygone de tir d’Anchuras, etc.) que les centrales et les «cimetières» de déchets nucléaires qui les environnent (Garona, Almaraz, Trillo, Zorita, Vandellos, Asco, Hornachuelos). La gauche reproche à L’Etat d’acheter de l’uranium à l’Afrique du Sud.

Mais les perspectives du marché espagnol et les impératifs de la défense européenne ont raison de cette opposition encore minoritaire. Le 14 novembre, l’UEO donne son approbation à l’entrée de l’Espagne. Au plan de la lutte antiterroriste, l’Etat espagnol semble être en position de force. L’un des principaux effets du plan ZEN est sans doute la signature, le 17 janvier, d’un pacte anti-ETA qui associe tous les partis (PSOE, AP, CDS, PNV, EE, et EA) dans un accord «pour la normalisation et la pacification d’Euskadi ». Hormis la coalition Herri Batasuna, au demeurant menacée d’illégalisation, les institutions politiques font bloc autour du pouvoir central.

Le 12 mai, le gouvernement espagnol fait voter un décret qui assimile la loi anti-terroriste à la législation de droit commun : la garde à vue est ramenée de dix à cinq jours, mais cette modification élargit dangereusement le champ d’intervention des forces de sécurité. Pour compenser le départ de José Barrionuevo, trop impliqué dans l’affaire des « fonds spéciaux » du GAL et l’affaire El Nani —le ministère de l’Intérieur revient à José Luis Corcuera— l’Etat nomme le général Casinello commandant en chef de la zone basque. La promotion de ce spécialiste de la lutte antisubversive, quelque peu éloigné du terrain des opérations en raison de sa polémique contre la « démocratie espagnole », et qui a toujours déclaré publiquement « préférer la guerre à l’alternative KAS », prouve bien la détermination du pouvoir central.

Les attributions de la police autonome (Ertzaintza) sont augmentées et sa participation à la lutte contre les militants indépendantistes est de plus en plus efficace. Le gouvernement espagnol s’attribue l’initiative et le mérite des négociations amorcées par les pourparlers de 1987. Une campagne soigneusement orchestrée par les médias officiels habitue l’opinion à l’idée que la négociation pacifique du problème basque est le résultat d’une victoire de la «pacification» sur le terrain. Pourtant, une enquête du gouvernement autonome estime que les indépendantistes restent majoritaires en Euskadi et que 24% seulement de la population est favorable au pacte anti-ETA.

Malgré les promesses de Joxe (arrêt des procédures d’expulsion en urgence absolue) et le retour des socialistes au pouvoir en France, la coopération franco-espagnole en matière e lutte anti-terroriste connaît un regain de solidarité. En témoignent les contacts qui se multiplient entre responsables des deux pays : rencontre à Donana de Felipe Gonzalez et François Mitterrand, journées de concertation entre Michel Rocard et Felipe Gonzalez, visite de Pierre Joxe à Madrid, séjour à Paris du nouveau ministre de l’Intérieur José Luis Corcuera accompagné de Rafael Vera, secrétaire d’etat à la Sécurité, et d’une cohorte d’experts en lutte antiterroriste, visite de Jean-Pierre Chevènement et Roland sur fond de marchandages divers. L’Espagne doit encore se doter de sous-marins et d’hélicoptères, et la rénovation de son réseau ferroviaire intéresse beaucoup les société françaises comme Alsthom. En témoignent surtout les opérations de filtrage des frontières par la PAF (une vingtaine pour l’année 1988), les assignations à résidence, les arrestations, les procès et même les expulsions et les extraditions qui entretiennent la persécution des réfugiés et des membres présumés de l’ETA en France.

A quelques détails près, la doctrine en vigueur reste celle dont se prévalaient José Barrionuevo, Charles Pasqua et Robert Pandraud l’année précédente : «Le terrorisme est la principale menace contre les libertés en Europe» (Barrionuevo).

robert-pandraud-a-la-gauche-de-charlesles « sinistres » Robert Pandraud et Charles Pasqua

«Il n’y aura jamais de Communauté européenne sans une lutte commune contre le terrorisme (Pandraud). «C’est un acte de militance démocratique» (Pasqua).

Une ombre cependant à ce consensus idyllique où l‘on célèbre l’amalgame entre défense et sécurité, contre-terrorisme, prévention de la criminalité et protection sociale des citoyens: un sondage publié en août par El Independiente établit que 58% de citoyens ne croient pas que Felipe Gonzalez lorsqu’il affirme que le GAL n’a aucun lien avec l’Etat espagnol. Les procès qui s’ouvrent et les instructions qui s’alourdissent durant cette année 1988 placent le gouvernement en position de principal accusé devant la justice constitutionnelle et l’opinion publique.

1988 : en Espagne, enfin la justice bouge aussi

Le 2 janvier, une commission rogatoire emmenée par le juge d’instruction de l’Audiencia nacional, Carlos Mejia, se rend en France pour interroger Figueiredo et Frugoli. Ils reconnaissent une fois de plus qu’Amedo Fouce et Michel Dominguez ** sont bien les policiers espagnols qui les ont recrutés.

Le 4 février, le juge de Bayonne Christophe Seys est muté, après avoir lancé un mandat d’arrêt international contre Amedo. Son remplaçant Philippe Cavalerie réitère la même procédure.

Début mars, l’Audiencia nacional de Madrid, seule instance compétente en matière d’instruction et d’inculpation de policiers, refuse l’incrimination d’Amedo Fouce. La composition de ce tribunal est, pour l’occasion, on ne peut plus significative. La cour est composée de trois juges. Le président du tribunal, Juan Manuel Orbe, est sous traitement médical à la suite d’une grave embolie. Dans les milieux judiciaires, on considère qu’il aurait dû être mis à la retraite. Le magistrat Alfredo Vasquez a fait l’objet, en 1980, d’une suspension de fonctions de six mois, pour avoir soustrait des documents dans le procès intenté à des extrémistes de droite inculpés pour un attentat conte la revue El Papus en 1977 ; Ce même magistrat a remis en liberté un groupe d’extrême droite qui avait été arrêté dans le cadre de la préparation d’un putsch militaire prévu pour la 27 octobre 1982, quelques jours avant es élections. La police avait découvert chez eux une liste de 600 personnalités de gauche (probables cibles d’attentats), des plans des locaux du PSOE, des armes et des explosifs. La seule détention maintenue par le juge Vasquez avait été celle de Carlos Mas Elias, qui avait contacté des journalistes pour monnayer des informations sur le complot.

Le 4 mars, le juge d’instruction de Bilbao convoque Amedo Fouce, Martinez Torrezs et Gutierrez Argüelles dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Santiago Brouard. Ils sont accompagnés par le même avocat, Jorge Argote. Gutierrez a été condamné par défaut en juin 1986 à 18 mois de prison par le tribunal de Pau pour tentative d’enlèvement de Larretxea. Sur les conseils d’Argote, les trois policiers se refusent à toute déclaration.

Le 5 mars, le juge d’instruction de Saint Sébastien procède à un interrogatoire de Daniel Fernandez Acena, déjà condamné à tente ans de prison pour l’assassinat de Jean-Pierre Leiba à Hendaye en 1984. Le juge désire lui faire préciser certains points sur la disparition en 1983 de Lasa et Zabala.

Certaines sources médiatique, Diario 16, on révélé que Lasa et Zabala avaient été enlevés le 16 octobre 1983, par Mohamed Talbi et Pedro Sanchez et qu’ils avaient été acheminés en bateau par un certain Carlos, ami de Sanchez, jusqu’en Espagne où ils auraient été torturés à mort avant d’être enterrés dans la montagne, près du col d’Ibardin. Selon ces informations, Amedo Fouce (pour la circonstance sous le pseudonyme de Genaro Gallego Galindo) aurait remis une somme importante à Carlos en paiement de cette livraison. Conséquence de ces révélations à la presse, les parents de Lasa et de Zabala ont déposé plainte devant le tribunal de Saint Sébastien.

garzon11Le 16 mars, le juge d’instruction de l’Audiencia nacional, Baltazar Garzon, ouvre une enquête officielle sur «l’éventuelle et probable participation d’Amedo Fouce et de Dominguez ou de toute autre personne et institution aux activité des l’organisation terroriste connue sous le nom de GAL (http://www.informaction.info/iframe-les-groupes-antiterroristes-de-liberation-gal), ainsi que sur les différentes actions revendiquées par elle».

Le 22 mars, début du procès de Labade, Carvalho et Sampietro devant le tribunal de Pau. Les experts en balistique ont établi que les munitions de provenance espagnole saisie au domicile de Labade, sont du type qui a été utilisé dans l’attentat du 3 septembre 1979 contre le réfugié Justo Elizaran et celui du Bar Hendayais, le 23 novembre 1980. Les deux opérations ont été revendiquées par le BVE. Labade est accusé pour les attentats du juin 1984 contre Arenaza et Perez Revilla. Labade reconnaît avoir rencontré la 22 mai 1984, au poste-frontière d’Ibardin, un Espagnol qui s’est présenté comme policier de Saint Sébastien, dénommé Larranaga (peut-être Amedo Fouce ou Dominguez ?). La police française avait identifié la voiture du visiteur espagnol comme appartenant au groupe antiterroriste de Bibao.

A l’issue de cinq jours de procès, Labade et Carvalho sont condamnés à la prison à perpétuité, Sampietro à 20 ans pour les attentats du 23 mars et du 15 juin 1984. Le principal témoin à charge est l’ancienne amie de Labade, marie-Jeanne Cassiède qui le connaissait depuis 1982. Ultérieurement, elle collaborera avec la police française. Un autre témoin important, Maurice Nicolas, recruté par Labade pour fournir des renseignements sur les réfugiés basques, vient confirmer à la barre que «Labade travaillait pour les Espagnols».

Le 6 avril, l’avocat Jorge Argote déclare à la presse que le juge Garzon préfère lancer des accusations contre les policiers plutôt que de mettre en cause les membres de l’ETA. Le 8 avril, l’Action populaire rassemblant 104 citoyens, se constitue partie civile contre Amedo Fouce.

Le 19 avril, José Barrionuevo, convoqué devant la Commission Justice et Intérieur des Cortés, répond à l’interpellation du parti Izquierda Unida. Il déclare : « Il est plus prudent de ne pas aborder des questions qui sont de la compétence des autorités judiciaires». Il affirme «ne rien savoir d’un quelconque mandat de recherche, d’arrêt ou d’extradition contre José Amedo Fouce. (…) J’ignore s’il existe des accusations portées contre Amedo, émanant de là où il faut les faire, c’est-à-dire des tribunaux».

Le 10 mai, le juge Garzon et le procureur Ignacio Gordillo se rendent en France en commission rogatoire pour entendre les déclarations de Figueiredo et Talbi. Talbi confirme devant le juge Garzon qu’il a assisté à une réunion du GAL, fin 1983 à Bilbao. Au cous de cette réunion, ont été planifiés 18 attentats qui ont tous été réalisés par la suite. L’ex-légionnaire algérien accuse le sous-commissaire Amedo Fouce d’avoir participé à leur organisation et spécialement à celle de l’attentat contre Santiago Brouard. Dans les milieux judiciaires, les déclarations de Talbi sont enregistrées avec un certain scepticisme.

Quant à Frugoli et Mattei, ils refusent de répondre aux questions du juge Garzon bien que Frugoli ait déjà désigné, lors de son procès, Amedo Fouce comme l’une des deux personnes qui avaient négocié avec lui un contrat, dan la nuit du 24 septembre 1985, à l’hôtel Orly de saint Sébastien. Le 25 mai, le Directeur général de la police, José Maria Rodriguez Colorado, répond par lettre aux questions du juge Garzon à proposes du voyage d’Amedo Fouce au Portugal, les 31 janvier et 1er février 1986. Le voyage  a été financé par des « fonds réservés » du ministère de l’Intérieur. L’inspecteur Dominguez ne faisait pas partie du voyage. Cette mission a été signifiée à Amedo Fouce par un ordre verbal. Il n’existe pas de budget prévisionnel ni de justificatifs des frais de voyage. La fausse identité du sous-commissaire (Genaro Gallego Galindo) a été autorisée par la Direction générale, dans le cadre de cette mission. Les faux papiers datent du 7 mai 1985.

Antérieurement, Rodriguez Colorado avait précisé au juge qu’Amedo Fouce s’était déplacé au Portugal pour une mission de service autorisée par le Directeur général de la police. Le but de cette mission était d’enquête sur «certaines activités de terrorisme et de trafic d’armes». Ce voyage n’était connu que du chef de la brigade d’information de Bilbao, Julio Hierro Moset, et du chef de la police de cette ville, Miguel Planchuelo.

Le 14 juin, le Directeur général de la police, Rodriguez Colorado, transmet au juge Garzon in télex d’Interpol-France qui requiert l’arrestation d’Amedo Fouce. A demande est signée par le juge Philippe Cavalerie, du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 27 janvier 1988. Les délits incriminés sont : «association de malfaiteurs et complicité dan deux tentatives d’assassinat». Selon le Directeur général de la police, cette requête ne lui serait parvenue que le 14 juin. Une des hypothèses plausibles est qu’elle ait été retenue depuis le mois de janvier par le procureur général français qui ne l’aurait transmise qu’après la victoire électorale des socialistes en France.

Le 25 juin, le ministre de l’Intérieur José Barrionuevo répond par lettre aux questions du juge Garzon sur les fonds réservés : il n’existe pas de documentation écrite concernant la destination et la quantité des sommes prélevées sur les fonds réservés. «J’ai donné l’ordre à mes subordonnés de ne pas répondre aux questions sur les fonds réservés. Les fonds réservés sont soumis au secret d’Etat».

Fonds réservés

Les fonds réservés constituent un budget spécial de l’Etat et sont soumis à l’approbation du parlement Ce  budget d’environ trois milliards de pesetas par an, est réparti entre le ministère des Affaires étrangères, la Présidence du gouvernement, le ministère de la Défense et le ministère de l’Intérieur. La part attribuée au ministère de l’Intérieur était de 670 millions de pesetas en 1983 (en prévision de 1989, il s’élèvera à 827 millions). Au sein de ce ministère, la majeure partie de cette enveloppe est destinée au Commissariat général d’information dirigé par Martinez Torres (environ 500 millions de pesetas). Le reste est réparti entre les autres services de la direction de la Sécurité, sous la responsabilité du secrétaire d’Etat Rafael Vera.

Depuis l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1982, la responsabilité de la comptabilité et de la distribution des fonds réservés à la Direction de la Sécurité de l’Etat a été assumée par Luis Bernaldo de Quiros, beau-frère de Rafael Vera. Il est secondé dans cette tâche par Juan Antonio Minguez  qui était déjà chargé de ce poste sous les gouvernements de l’UCD. Fin 1987, Bernaldo de Quiros a quitté cette fonction au moment où la justice française implique Amedo Fouce dans les réseaux du GAL et dans le financement probable de cette organisation.

Contrairement aux affirmations de José Barrionuevo, la distribution des fonds secrets s’opère sur la base de justificatifs signés par les fonctionnaires en mission. Les justificatifs sont archivés au Commissariat général de l’information et à la direction de la sécurité de l’Etat.

Dans certains cas exceptionnels, les fonctionnaires opérant à l’extérieur de Madrid peuvent recevoir directement l’argent nécessaire à leur mission par la Direction régionale de la police qui se charge ensuite de recouvrer les avances auprès du ministère de l’Intérieur. La législation réglementant l’attribution de fonds réservés est fixée par la Circulaire d’intervention générale de l’Etat du 8 février 1966 et par la résolution de la Direction générale des impôts du 15 mars 1985. Cette réglementation attribue au titulaire du département accrédité la responsabilité de l’utilisation des fonds réservés.

La question touchant à l’utilisation des fonds réservés par Amedo Fouce, dans le cadre de ses activité au sein du GAL, a été soulevée par son voyage au Portugal fin janvier 1986. Par ailleurs, le juge Garzon a démontré que le sous-commissaire de Bilbao menait un train de vie largement supérieur à ses moyens. La juge a établi que le 7 octobre 1985 Amedo Fouce a déposé une somme de 15 millions de pesetas sur un compte spécial couvert par le secret bancaire. Il faut préciser que le salaire annuel d’Amedo Fouce était en 1985 de 2,5 millions de pesetas.

L’une des hypothèses de travail du juge Garzon est que cet argent doit être mis en relation avec la réunion qui s’est tenue à l’hôtel Orly de Saint-Sébastien, la veille de l’attentat contre le Mon Bar (4 morts le 25 septembre 1985), et à laquelle avaient participé Frugoli et Mattei. Les chambres avaient été réservées au nom de Genaro Gallego Galindo, pseudonyme d’Amedo Fouce. Les deux mercenaires ayant été arrêtés juste après l’attentat, il est probable qu’Amedo ait empoché la somme de 15 millions retrouvée sur son compte. Autre constatation du juge Garzon : il a été vérifié qu’Amedo Fouce a perdu au casino de Bilbao 12 millions de pesetas entre décembre 1985 et septembre 1987. Pour l’instant, rien ne permet de déterminer la provenance des 15 millions déposés sur son compte.

La lettre du ministre José Barrionuevo a provoqué l’indignation d’une partie de la magistrature qui la considère comme un affront. Le juge Baltazar Garzon a même évoqué la possibilité de demander au Tribunal suprême l’inculpation de José Barrionuevo pour refus de collaboration avec la justice.

Le 30 juin, le tribunal a convoqué le Directeur général de la police, Rodriguez Colorado, ainsi que les supérieurs d’Amedo Fouce : Julio Hierro Moset, Antonio Rosino Blanco, Miquel Planchuelo et Ricardo Ruiz Coll. Se réfugiant derrière les consignes formelles de leur ministre José Barrionuevo, ils se refusent à toute déclaration sur les moyens financiers dont disposait le sous-commissaire de Bilbao pour ses missions spéciales. Le juge leur signifie qu’ils sont passibles d’inculpation.

La seule information valable pour l’enquête est fournie par Ruiz Coll, ancien chef de la Brigade d’information de Bilbao : en août 1987, il reconnaît avoir assisté à une colrencontre ente Amedo Fouce et Carlos Gaston *, recherché par la justice française pour sa participation à plusieurs attentas anti-basques.

ESPAÑA: despedidad del Comisario Don Ricardo Ruiz Col

Le 30 juin, le magistrat insiste auprès de José Barrionuevo pour que celui-ci lui explique sur quelle base l »gale il justifie son refus de fournir les informations requises par la justice. Il avertit le ministre que s’il ne s’explique pas sur les critères légaux qui l’autorisent à cette rétention d’information, il se rend coupable, en vertu de l’article 371 du code pénal, de refus de collaboration avec la justice. Le juge précise que ces informations sont nécessaires à l’enquête qui cherche à établir si une partie des fonds réservés n’a pas été détournée vers des activités criminelles. Il n’est pas question de remettre en cause l’existence même de ces fonds, ni de nier les contraintes de la sécurité de l’Etat.

Simultanément, Felipe Gonzalez esquisse une défense de son ministre de l’Intérieur prend la tournure d’une pirouette : « Je crois qu’il a raison. Nous avons toujours défendu et défendrons toujours l’Etat de droit (de derecho en espagnol), mais nous refusons qu’il courre le danger de se transformer en Etat de poubelle (de desecho). Le 8 juillet, Felie Gonzales fait le ménage et procède à un remaniement ministériel. José Barrionuevo devient ministre des Transports, de la Communication et du Tourisme. Le nouveau ministre de l’Intérieur est José Luis Corcuera (ancien cadre du syndicat socialiste UGT). Le ministre de la Justice, Fernando Ledesma, est remplacé par Enrique Mugica.

Le 5 juillet, Dominique Thomas, (alias «la dama negra» ou «la blonde») est incarcérée à Bordeaux. Elle est inculpée par le juge de Bayonne pour association de malfaiteurs et tentative d’assassinat (attentat du 26 mars contre le bar Bittor à Ciboure).

Le 13 juillet, le juge Garzon ordonne l’incarcération inconditionnelle d’Amedo Fouce et de Michel Dominguez. La décision du magistrat précise que les deux policiers «apparaissent comme les principaux organisateurs des Groupes Antiterroristes de Libération, GAL». En contradiction formelle avec les déclarations du ministère de l’Intérieur, le juge affirma détenir la preuve que Michel Dominguez a accompagné Amedo Fouce dans son voyage au Portugal le 31 janvier 1986, et qu’il y a séjourné sous la fausse identité d’Antonio Garcia Arana. José Amedo Fouce et Michel Dominguez sont arrêtés e même jour et incarcérés à la prison de Logrono. La Direction générale de la police suspend immédiatement les eux policiers de leurs fonctions. Dans les heures qui suivent cette décision, les services juridiques de l’Etat font parvenir au juge Garzon un rapport expliquant le refus de Barrionuevo de fournir des informations sur l’utilisation des fonds réservés. Barrionuevo se retranche derrière ce rapport pour décliner une demande de comparution.

dominguezalmedoMichel Dominguez (à g.) et Jose Almedo

Le 15 juillet, une patrouille de la guardia civil ouvre le feu sur deux camionnettes françaises et les poursuit sur le territoire français, au-delà du col de Lindus. On retrouvera une quarantaine de douilles et 27 impacts de balles sur les véhicules.

Le 22 juillet, Felipe Gonzales dot faire face aux interpellations des députés de l’opposition qui protestent contre l’attitude du gouvernement dans la gestion des fonds secrets. Il invite solennellement tous les partis à s’unir pour élaborer des normes susceptible de renforcer l’Etat de droit espagnol. Le 24 juillet, le chef du gouvernement se décide enfin à aborder le sujet dans une réunion de responsables régionaux du PSOE. Il déclare que ce qui se passe en Espagne ne serait possible dans aucun pays démocratique européen. Qu’aucun de ces pays n’a à justifier de l’argent destiné aux services d’information et aux informateur infiltrés dans les organisations criminelles. Selon lui, partout ailleurs le secret sur la lutte antiterroriste est absolu et s’étend à toutes les personnes qui sont chargées de mission dans ce cadre opérationnel.

Le 17 août, Luis Roldan, directeur de la guardia civil, commence une importante restructuration de ce corps militarisé. Sa principale innovation est de créer un service central d’information entièrement autonome  et directement placé sous sa responsabilité . A l’intérieur de ce service, figure une unité de Services Spéciaux. Ces deux départements sont placés sous le commandement de Pedro Catalan Jimenez et de Candido Acedo, deux colonels de la guardia civil, publiquement dénoncés par l’ex-agent de la guardia civil, José Cervero (voir Annexes) pour avoir participé à la « guerre sale » à l’époque du BVE et e l’ATE. Cervero avait fait parvenir ce témoignage au président de la commission Justice et Intérieur du parlement, au Défenseur du peuple, au procureur de l’Etat et aux ministres de la Défense et de l’Intérieur, sans que la moindre suite ne lui ait été donnée. En revanche, cette démarche avait valu à l’ancien garde civil d’être mis sur écoutes téléphoniques en 1985, sur ordre de Candido Acedo, alors chef des Services spéciaux. Un autre témoignage vient alourdir le dossier du colonel Candido Acedo : le garde civil Miguel Sanchez Pajases a lui aussi dénoncé publiquement cet officier comme responsable de la création de groupes parallèles qui auraient opéré depuis 1975 dans le sud de la France contre les activiste de l’ETA. Il révèle les voyages de ces deux membre de Services spéciaux en France, leurs contacts avec d’anciens membres de l’OAS et les contrats d’un million de pesetas par assassinat (dûment vérifié) de réfugiés basques.

Dans cette nouvelle structure, le directeur de la guardia civil est directement placé sous les ordre du secrétaire d’Etat à la Sécurité. Innovation piquante au sein du ministère de l’Intérieur, on crée une Unité spéciale pour la protection de la nature, poétiquement baptisée «Agrupaciones rurales de seguridad» Groupes ruraux de sécurité ?

Le 16 septembre, le procureur général de l’Etat, Javier Moscoso, infforme le parlement que le ministère de la Justice a reçu trois lettres envoyées par trois mercenaires du GAL, déjà condamnés au Portugal, Fernando Carvalho, Jorge Ferreira Cisneros et Correira da Cunha. C’est leurs témoignages qui avaient permis l’inculpation d’Amedo Fouce et Michel Dominguez. Les trois hommes, emprisonnés à Lisbonne, déclarent qu’ils ont témoigné contre Amedo Fouce parce qu’on leur avait promis en échange leur mise en liberté. Le procureur affirme devant le parlement que ces lettre constituent des éléments décisifs dans le dossier des deux policiers.

Le même jour, un autre témoin à charge, Gérard Manzanal, ancien colonel de la Légion étrangère, incarcéré à Marseille, revient sur les déclarations qu’il a faites en 1984 à la police judiciaire, et plus tard devant le juge d’instruction de Bayonne. A cette époque, il avait identifié sur une photographie le sous-commissaire Amedo Fouce comme étant l’home qui lui avait proposé de travailler pour le GAL. La justice française accueille cette soudaine rétractation avec scepticisme, d’autant que Gérard Manzanal s’était présenté spontanément à la police judiciaire pour témoigner.

Le 23 septembre, le procureur général de l’Etat, Javier Moscoso, envoie une lettre au procureur de l’audiencia nacional, Ignacio Gordillo, pour lui demander de ne pas s’opposer à la mise en liberté provisoire des deux policiers requise par leur avocat. Conformément aux instructions de Moscoso, le procureur Gordillo demande au tribunal de Madrid l’élargissement provisoire des inculpés.

Le 29 septembre, le tribunal de Madrid décide le maintien en prison d’Amedo Fouce et Michel Dominguez. Le tribunal justifie sa décision en raison de l’authenticité douteuse des lettres et déclare poursuivre l’enquête sur la base des interrogatoires des trois mercenaires que le juge Garzon a enregistrés au mois de juin.

Le 18 octobre, Amedo Fouce et Michel Dominguez sont inculpés par le tribunal de l’audiencia nacional pour les délits suivants :

1- Délit de participation à une entreprise terroriste.

2- Six tentatives d’assassinats (attentats des 8 et 13 février 1986 contre les bars Batxoki et La Consolation).

3- Deux délits de terrorisme (cf. loi antiterroriste) pour ces deux attentats.

4- Délit de falsification d’identité (ceux du Portugais Figueiredo).

5- Délit de falsification de papiers d’identité (faux papiers de Michel Dominguez utilisés au Portugal).

6- Délit d’utilisation de faux nom (Arana) par Michel Dominguez lors de son séjour au Portugal.

L’acte d’accusation du juge Baltazar Garzon présente également l’organigramme du GAL que ses recherches lui ont permis d’établir dans l’état actuel de l’enquête.

Selon le juge, il ne fait aucun doute qu’Amedo Fouce ait participé dès le début à l’organisation terroriste du GAL, alors que Michel Dominguez l’aurait fait un peu plus tard. Les réactions à cette décision de justice sont immédiates. Le président du syndicat professionnel de la police, Miguel Martin Pedraz, déclare : « L’inculpation des deux policiers est indiscutable, mais il est illusoire de penser que deux fonctionnaires de police aient pu organiser de telles actions car ils n’auraient pas eu les moyens ni les capacités de les réaliser. Au parlement, le groupe Izquierda Unida demande la création immédiate d’une Commission d’enquête. Le PSOE, fort de sa majorité absolue, s’y oppose, considérant une telle commission inutile puisqu’il existe déjà une procédure judiciaire qui suit son cours. En conséquence, le groupe socialiste demande aux députés de ne pas propager dans la société une inquiétude infondée, dans la mesure où la vérité sur cette affaire sera découverte par le tribunal.

L’Action populaire demande au tribunal l’inculpation des supérieurs des deux policiers : Antonio Rosino, Hierro Moset, Planchuelo Hernandez et Rafael del Rio.

En octobre, le gouvernement élabore une nouvelle loi dont l’objectif est de renforcer les garanties du secret concernant l’utilisation des fonds réservés et les documents officiels archivés. Cette loi est conçue pour empêcher la justice d’avoir accès aux informations confidentielles touchant aux fonds réservés. Elle propose la définition d’un statut qui protègerait les fonctionnaires de l’administration contre d’éventuelles inculpations, à l’instar de celui des membres du gouvernement qui ne peuvent être inculpés qu’après décision du tribunal suprême.

Le 3 novembre, le tribunal de Saint-Sébastien condamne à deux ans et quatre mois de prison deux membres de la guardia civil pour avoir placé des engins (explosif de type Goma 2) dans un hypermarché de la ville et menacé le gérant de les faire exploser s’il ne leur remettait pas une rançon de 40 millions de pesetas. Les deux maîtres-chanteurs s’étaient présentés comme membres des Commandos autonomes anticapitalistes.

Le 5 novembre, le tribunal de l’audiencia nacional qui a décidé l’inculpation des deux policiers Amedo Fouce et Michel Dominguez, autorise le juge d’instruction Baltazar Grzon à poursuivre ses investigations sur l’utilisation des fonds réservés, en particulier sur l’usage qu’ils en ont fait dans leurs activités terroristes. Simultanément, le tribunal rejette la demande d’inculpation des supérieurs des deux policiers, formulée par l’Action populaire.

Le 9 novembre, Christian Hittier est extradé de Belgique vers la France. Son dossier comportant l’ensemble des déclarations qu’il a faites devant la justice belge, est transmis au juge d’instruction de Bayonne. Hittier, ancien membre de l’OAS, a joué un rôle important dans le GAL. Après son arrestation en mars 1988, il avait déclaré aux juges belges qu’Amedo Fouce l’avait chargé de recruter des mercenaires pour le GAL.

Le même jour, le juge Baltazar Garzon revient à la charge sur l’affaire des fonds réservés en lien avec le GAL. Il demande au ministère de l’Intérieur des précisions sur les sommes attribuées à Amedo Fouce pour ses mission spéciales. Au cas où le ministère de l’Intérieur se déroberait à ses obligations, le tribunal se réserve le droit de poursuivre en justice le ministre, devant le Tribunal suprême.

Au même moment, au Sénat, le nouveau ministre de l’Intérieur José Luis Corcuera répond à  l’interpellation d’un sénateur : « Personne n’a plus intérêt dans le gouvernement et cette chambre que l’on  tende de piéger ou de laisser planer des doutes sur les forces politiques pendant la transition », précisant qu’il ne faut pas continuer à «fournir des armes» à ceux qui  défendent le terrorisme. Il reprend la thèse de Felipe Gonzalez qui affirme qu’aucun membre du gouvernement n’a eu de relations avec le GAL.

Le 15 novembre, les deux maîtresses d’Amedo Fouce et Michel Dominguez (Inmaculada et Blanca) font une déposition devant le juge Baltazar Garzon. Leurs déclarations seront confirmées le même jour par leurs amies Mercedes et Maria Jesus. Les deux femme déclarent que Miguel Planchuelo et Jesus Martinez Torres se réunissaient régulièrement avec Amedo Fouce et Dominguez et qu’ils leurs donnaient des instructions et de l’argent pour l’organisation d’attentats anti-basques. Elles précisent même les dates et les lieux de certaine réunion.  Mercedes et Maria Jesus apportent également des informations sur certaines fausses identité empruntées par les deux policiers espagnols : respectivement Miguel Angel Moreno Romero et Alfredo Gonzalez Fraile.  Blanca affirme qu’elle était avec Amedo quand il a reçu l’ordre, fin novembre 1987, de Miguel Planchuelo de se rendre à Madrid pour y rencontrer José Barrionuevo. Cette entrevue aurait eu lieu au moment où l’on apprenait que la justice française avait lancé un mandat d’arrêt contre Amedo Fouce.

Ces déclarations de Blanca contredisent en partie celles de qu’elle avait faites devant le huge Battazar Garzon en Octobre. Elle avoue que sa première déposition avait été préparée en prison par Amedo et que le contenu lui avait été communiqué par l’industriel Francis Paesa qui lui aurait remis à cette occasion une somme de 100.000 pesetas. Quelques jours après, les deux femes déclarent que l’engin expliosif qui a été utilisé dans le dernier attentat du GAL contre Garcia Goena, e 1987, avait été fabriqué par Amedo et Dominguez dan l’appartement d’Inmaculada et que cette opération était une vengeance d’Amedo contre ses supérieurs qui, à son goût, commençaient à le lâcher.

Le 18 novembre, le responsable de la lutte antiterroriste, Martinez Torres, confirme devant le juge Garzon que le ministère de l’Intérieur n’a mené aucune enquête sur le GAL. Seule exception à la règle du silence strictement respectée par le policier, il précise que le ministère de l’Intérieur espagnol était au courant de la rencontre  de Jean-Philippe Labade avec trois policiers de Bilbao, en 1984, au col d’Ibardin, mais qu’aucune enquête n’avant lancée, suite à cette information ; Il est veracontredit le même jour par son supérieur Rafael Vera secrétaire d’Etat à la Sécurité, qui prétend qu’en 1984, une cellule d’enquête spéciale avait été créée en relation avec le ministère de l’Intérieur français, et que deux commissaires de chaque pays avaient été chargés d’enquêter sur les activités du GAL.

Le 1er décembre, le tribunal de Madrid lance un mandat d’arrêt contre l’industriel Fernando Paesa. Il sera inculpé, le 27 janvier 1989 pour participation à une organisation terroriste et obstruction à la justice.

Conclusion

Après les élections législatives qui ramènent les socialistes au pouvoir en France, la justice de ce pays fait redémarrer l’enquête mais le mandat d’arrêt lancé par le juge de Bayonne a été transmis avec six mois de retard aux autorité espagnoles. Cette relance aboutit à l’arrestation en juillet des deux policiers Amedo Fouce et Michel Dominguez : ils sont inculpés pour délits terroristes et tentatives d’assassinats. La conviction générale est que les deux policiers ne pouvaient pas organiser seules les réseaux du GAL.

L’attitude du gouvernement qui s’oppose systématiquement à toutes les tentatives du juge d’instruction Baltazar Garzon de mettre à jour les complicités du GAL à l’intérieur de l’appareil d’Etat, est de plus en plus suspecte. Il est clair que le problème des fonds réservés devient l’élément central de la démonstration judiciaire. L’analyse de la comptabilité du ministère de l’Intérieur conduirait à mettre directement en cause la responsabilité de l’Etat dans la criminalité du GAL.

En s’abstenant de prendre l’initiative d’une enquête sur les complicités de l’appareil d’Etat, et surtout en cherchant à remettre en liberté les deux policiers —témoins et preuves de la connivence étatique— il souligne encore davantage la pesanteur de la raison d’Etat sur le fonctionnement des institutions, et tout particulièrement l’assujettissement du pouvoir judiciaire à l’exécutif. L’obstruction faite par le PSOE à une enquête parlementaire sur les responsabilités politiques dans la création et l’organisation du GAL, apparaît de plus en plus comme une reconnaissance implicite de la culpabilité de l’Etat espagnol, ou du moins de certains de ses plus hauts responsables : La manœuvre du gouvernement est de se décharger de toute responsabilité sur la justice, tout en lui faisant obstruction, parfis même en flagrante illégalité.

L’évolution de l’enquête tient à la détermination d’un « petit juge » de 33 ans, Baltazar Garzon qui n’appartient à aucun parti politique et mène son enquête seul, avec le soutien d’une large fraction de l’opinion publique symbolisée par l’Action populaire.

Après l’éloignement de José Barrionuevo du ministère de l’Intérieur, la restructuration du service d’information de la guardia civil (pour l’instant non impliquée dans les actions du GAL), tend à faire passer sous son contrôle une partie du service d’informations de la police dirigé par un homme trop compromis dans le terrorisme d’Etat, l’imperturbable Jesus Martinez Torres.

http://escadronsmort.centerblog.net/98–94

    • Carlos Gaston de origen francés, mantenía una buena relación personal con el antiguo comisario de Estepona Ricardo Ruiz Coll, que fue jefe en Bilbao de los policías Amedo y Domínguez, los peones operativos de los GAL. Desde 1977 Gaston vivía en en Estepona (Málaga) en una mansión rodeado de fuertes medidas de seguridad.
      Su cuñado era Eduardo Mari Chica, « Doudou El Grande »« , un español nacido en Mequínez (Marruecos) que también trasladó su residencia a Málaga en 1977. Ambos dirigían el denominado « clan de Burdeos » con Alain David (Omar Abdel) Benhamou, « El Chacal ». Otros miembros del mismo clan son históricos mercenarios en la guerra sucia, como Didier Bojon « Doudou El Pequeño », Maxim Szonek, Mohamed Khiar, Jacques Debesa, Jean Claude Ruiz y Marc Obadía.
      Gaston estaba buscado en Francia por el asesinato de Agurtzane Arregi y su esposo, cometido en 1978. También dirigió la contratación de uno de los grupos de mercenarios que asesinaron al periodista Javier Galdeano. Guy Cantavenera, condenado por este asesinato, se trasladó a Málaga el 5 de abril de 1985, donde recibió de Mari Chica y Gaston el dinero para pagar a los mercenarios que ejecutaron el asesinato.
      Gaston tenía varios negocios en la Costa del Sol: inmobiliarias, discotecas, saunas y un concesionario de automóviles de lujo. A pesar de estar reclamado por Francia, nunca recibió ninguna molestia de las autoridades españolas, hasta que pareció muerto el 30 de noviembre de 1995, por ahogamiento, en su residencia de Estepona. La autopsia aclaró que la muerte se debía a un edema pulmonar.Hasta su muerte, Gastón era propietario, junto a los dos últimos, de los clubes de alterne « My Lady Palace » y « Play Boy » de Marbella, así como de otros locales similares en Torremolinos y Benalmádena. También regentaba un restaurante en la Plaza del Socorro de Ronda.
      El heredero del imperio de Gastón es el « Chacal », quien pasa largas temporadas en Israel desde que en 2004 sufriera un brutal atentado en el hotel H10 Andalucía Plaza de Marbella. Consiguió escapar ileso, pero el tiroteo se cobró la vida de dos víctimas inocentes: el niño sevillano de 7 años José Manuel Contreras, y el peluquero italiano Cossimo Pizzi, de 36 años.
      Otro miembro de la mafia bordelesa, Didier Bojon, « Doudou El Pequeño », también vivió en la Costa del Sol, a pesar de estar buscado por la policía francesa, acusado del asesinato de Agurtzane Arregi. En los informes policiales aparece relacionado con estafas y el asesinato de un español en la Costa del Sol. Fue detenido por última vez en Marbella. 

 

    • jean-gilbert-paraJean Gilbert Para era el hombre de confianza de Carlos Gastón. Fue ya detenido en España en 1972 por tenencia de armas, municiones y explosivos y tráfico ilegal de drogas. Dos años más tarde, en 1974, fue detenido de nuevo por narcotráfico y, en 1984, para su extradición a Francia. Desapareció el 11 de mayo de 2002 y se encontró su vehículo en un carril de Ronda (Málaga) con varios impactos de bala. Todo parece indicar que era un secuestro, pero nunca se recibió una petición de rescate, por lo que la policía lo relaciona con un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales de franceses de origen argelino que operan en la Costa del Sol.
    • Lo mismo que su jefe, Para era un histórico de la guerra sucia que se había retirado en Marbella, pero que conservaba secretos inconfesables, un testigo de las cloacas del Estado.
    • Para también era socio de Gaston y Paul Antoine Leon Clemente en el « Club Play Boy » de Marbella. Aunque de origen franco argelino, Clemente había nacido en Bayona, se dedicaba al tráfico de drogas y en la operación Ballena Blanca fue acusado de lavar dinero negro en la Costa del Sol.

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El exinspector de policía y antiguo miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Michel Domínguez, que pasó varios años en prisión y que fue uno de los rostros más conocidos de la guerra sucia contra ETA, ha vuelto a ser detenido en Barcelona por su presunta relación con el narcotráfico.

LEER: http://www.elconfidencial.com/espana/2013-04-22/detenido-el-exmiembro-de-los-gal-michel-dominguez-por-narcotrafico_205652/

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COMISARIO DE POLICIA

Son adjoint à Estepona, Florentino Villabona Madera, a fait une belle carrière!

Vérifier: http://www.interior.gob.es/el-ministerio/directorio/servicios-centrales/direccion-general-de-la-policia1

lire: http://malacaseguridad.com/entrevista-a-florentino-villabona-madera-comisario-general-de-seguridad-ciudadana/

ENTREVISTA

Florentino Villabona Madera, Comisario general de Seguridad Ciudadana

 » El Intercambio de información y el apoyo mutuo son la base para establecer una colaboración fructífera »

25/04/2013

Seguritecnia entrevista al comisario principal Florentino Villabona que ha cosechado grandes éxitos profesionales a lo largo de su carrera dentro del Cuerpo Nacional de Policía, así como numerosos reconocimientos por su trayectoria.

Desde que fue nombrado comisario en 1997, ha ocupado cargos de responsabilidad como comisario provincial de Málaga y de la ciudad de Melilla, también jefe superior de Policía de ésta última y coordinador general de Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga. Desde enero de 2012, Villabona está al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, encargada, entre otras competencias, del control de la Seguridad Privada. Para el responsable policial, ese sector desempeña un papel de “socio insustituible” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ello, aboga por que se produzcan avances legales tan reivindicados a lo largo de los últimos años como conceder el carácter de ‘agente de la autoridad´ a los vigilantes o ampliar los espacios de actuación del sector privado de la seguridad.

-¿Cuáles son los asuntos prioritarios actualmente para la Comisaría General de Seguridad Ciudadana?

 Los asuntos prioritarios en este momento son: optimizar los recursos policiales en el desarrollo de dispositivos, potenciar la transparencia de los procedimientos de actuación, actualizar continuamente el uso de medios y técnicas policiales, reorganizar las Brigadas de Seguridad Ciudadana homogeneizando las mismas en cuanto a estructuras, mejorar la prevención y la lucha contra la violencia en el ámbito familiar y de género, incrementar la prevención de hechos delictivos sobre las personas mayores y grupos vulnerables, potenciar la coordinación con organismos y entidades ajenas a la institución policial, y aumentar la seguridad objetiva y subjetiva de los turistas implementando el Plan Turismo Seguro.

– ¿Reforzará alguna de las Unidades que forman parte de la Comisaría General?

Entre otras, se va a consolidar la Brigada Móvil como la policía del transporte público de viajeros, incrementando el número de efectivos y, por consiguiente, el control de pasajeros en estaciones marítimas, de tren y autobuses.

En esa línea, queremos promover la colaboración con las empresas de transporte y las de Seguridad Privada que prestan servicio en el sector.

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Florentino Villabona recibió en su despacho a Javier Borredá y Ana Borredá, presidente y directora de Seguritecnia respectivamente.

Por otro lado, se van a completar las Unidades de Prevención y Reacción como Unidades especializadas en seguridad ciudadana y orden público. Ya se ha firmado la circular que define su estructura y funciones.

Por último, pretendemos promover el aumento de las zonas turísticas del Servicio de Atención al Turista Extranjero.

– Entre las competencias de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se encuentra el control de la Seguridad Privada. ¿Cuál es su opinión acerca de la aportación que hace este sector a la protección de la sociedad?

La Seguridad Privada se constituye, bajo el control de la Seguridad Pública ejercido por el Cuerpo Nacional de Policía, en instancia coadyuvante e indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes. La aportación que desde esta posición hace la Seguridad Privada a la sociedad es de suma importancia y trascendencia, y tiene un enorme valor para la tranquilidad y la seguridad, que está en la base de la calidad de vida y del progreso social. En este ámbito, el Cuerpo Nacional de Policía otorga a la Seguridad Privada un papel de socio insustituible para el mejor cumplimiento de su misión constitucional de proteger y servir los derechos y libertades de los ciudadanos.

– El Cuerpo Nacional de Policía presentó el año pasado su Plan Integral de Colaboración con la Seguridad Privada, Red Azul. ¿Qué valoración hace usted de este proyecto?

Desde la presentación del Plan Red Azul por parte del director general de la Policía, a día de hoy son más de 500 las adhesiones al mismo y miles las actuaciones recogidas a través de los distintos programas que conforman este plan. Con ello se van cumpliendo los fines previstos con el lanzamiento de este modelo interactivo de colaboración profesional basado en la bidireccionalidad y la reciprocidad.

En el Cuerpo Nacional de Policía creemos que el intercambio de información y el mutuo apoyo en sus respetivas actividades representan la base necesaria sobre la que poder establecer una verdadera y fructífera relación de colaboración entre los responsables de los servicios de Seguridad Privada y el Cuerpo Nacional de Policía. El convencimiento que expresó el director general de la Policía en el acto de presentación de Red Azul, al decir que “en seguridad, colaborar siempre suma, y no hacerlo, siempre resta”, se ha cumplido sobradamente, en su parte positiva, en estos meses de andadura. Estamos convencidos de estar en el buen camino y de haber encontrado una buena solución.

– Desde su punto de vista, ¿por dónde cree que deben ir los cambios que introduzca la reforma de la Ley de Seguridad Privada anunciada por el Ministerio del Interior para esta legislatura?

Pasados veinte años desde la promulgación de la vigente Ley de Seguridad Privada, y ante un sector ya maduro y completamente profesionalizado con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus ciudadanos, es de esperar que la futura Ley, consciente de estar ante una realidad completamente diferente a la de aquel momento histórico del año 1992 para la Seguridad Privada, no solo venga a poner solución a los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos décadas pasadas, sino que presente una regulación novedosa que trate de anticiparse y resolver las necesidades venideras de la seguridad en España, constituyéndose como un marco normativo de referencia válido para el futuro de la Seguridad Privada en Europa.

Es por eso que espero y deseo que la nueva regulación contemple, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de Seguridad Privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al surgimiento del intrusismo, tanto de las empresas como del personal; que dote al personal de Seguridad Privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales; y que acentúe al máximo los elementos de colaboración entre la Seguridad Privada y la Pública. Dicha coordinación no debe solo vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esa interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad. Es primordial que la sociedad perciba que la Seguridad Pública y la Seguridad Privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad para la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos.

Por otra parte, es evidente que el desempeño de las actividades y funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse, a tenor de la importancia del mismo, estando todavía está pendiente la regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendada la Seguridad Privada, objetivo que debe abordarse con esta Ley. Por supuesto, la nueva Ley también deberá ocuparse de remarcar las actuaciones de control e inspección policial que corresponde realizar sobre el sector de la Seguridad Privada para velar por el correcto cumplimiento de la legislación sectorial.

– Una de las demandas del sector es poder prestar servicios de vigilancia en los espacios abiertos. ¿Cree usted que la reforma de la Ley de Seguridad Privada hará realidad esta petición?

En los últimos años se han producido avances notables en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose, cada vez más, la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, se considera a la Seguridad Privada un verdadero socio en el conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad. Esta es una realidad incuestionable que no cabe desconocer y que seguramente será tenida en cuenta a la hora de abordar la nueva regulación legal de las actividades de Seguridad Privada en España.

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Esta incuestionable realidad también ha sido vista y reconocida por el conjunto de la ciudadanía española, como lo demuestra el notable hecho de que en estudios de opinión sobre la percepción de la Seguridad Privada, más de tres cuartas partes de los españoles entrevistados afirmen que aumenta su percepción de seguridad cuando van a un sitio o están en un lugar en el que hay Seguridad Privada, especialmente con la presencia de vigilantes, a los que ven como figuras de autoridad a las que se puede recurrir para pedir ayuda en caso de necesidad, señalando su predisposición a que la Seguridad Privada asuma nuevos ámbitos de actuación, como pueden ser los espacios abiertos, sólo limitados por el actual marco normativo vigente.

– ¿Considera que este sector está preparado para desempeñar algunas funciones que ahora están restringidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

En materia de seguridad, forma parte de la responsabilidad del Gobierno de la nación establecer el marco legal adecuado en el que puedan funcionar los organismos de Seguridad Pública y Privada. En consecuencia, y teniendo en cuenta el exitoso modelo español de Seguridad Privada, que resulta un recurso externo complementario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la participación de ésta en funciones encomendadas a la Seguridad Pública, dado su actual grado de desarrollo y preparación, puede ser una fórmula a contemplar en la futura legislación.

– ¿Qué opina de la posibilidad de que los vigilantes de seguridad vuelvan a adquirir la condición de ‘agente de la autoridad’?

Dada la cada vez mayor participación y responsabilidad que asume este personal en la prestación de servicios de seguridad con clara vinculación o repercusión en la Seguridad Pública, una de las posibles novedades a incorporar en materia de personal en la futura legislación, y a la que ya he hecho alusión, es la referida a la tradicional reivindicación del sector de que el personal de Seguridad Privada pueda ser considerado, en los supuestos que contemple la nueva norma, como ‘agentes de la autoridad’, condición que perdieron con la Ley de 1992 y que, por razones de justicia, considero que resulta necesario replantearse.

– ¿Qué ideas le gustaría transmitir a los representantes de las empresas y trabajadores de la Seguridad Privada en cuanto a la relación que mantendrá con ellos la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en esta nueva etapa?

Desde esta Comisaría General y desde el Cuerpo Nacional de Policía en su conjunto, las empresas y los trabajadores de la Seguridad Privada pueden tener la certeza de contar con nuestra consideración y apoyo a su trabajo, así como nuestro reconocimiento y agradecimiento por la valiosa colaboración que permanentemente nos prestan. Como dijo el comisario Esteban Gándara en el acto de presentación de Red Azul, “para crear hay que creer”, y el Cuerpo Nacional de Policía cree en la Seguridad P0rivada española.

http://www.seguritecnia.es/seguridad-publica/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad/el-intercambio-de-informacion-y-el-apoyo-mutuo-son-la-base-para-establecer-una-colaboracion-fructifera

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